lunes, 1 de diciembre de 2014

EL CRIMEN EN LA POLÍTICA



LA DEBILIDAD INSTITUCIONAL CONJUGADA CON LA PRECARIEDAD DE NUESTRA CLASE POLÍTICA HA PERMITIDO QUE EL CRIMEN ORGANIZADO INGRESE.
Las cifras de la corrupción y de la violencia política son apabullantes: cerca de tres millones de soles encontrados en la casa del alcalde de Chiclayo, más de 120 candidatos de las elecciones recientes bajo sospecha de lavado de activos, dos candidatos a alcaldías asesinados y decenas de atentados. No se puede negar que la corrupción en masa y el crimen organizado han ingresado de manera violenta y desembozada a la política.
La debilidad institucional conjugada con la precariedad de nuestra clase política ha permitido que el crimen organizado ingrese de manera directa a las distintas instancias de gobierno. Esto se evidencio en las recientes elecciones, en las cuales el narcotráfico, el contrabando, la tala ilegal y la minería informal tuvieron sus candidatos, no solo por defender sus intereses sino porque no existía mayor resistencia desde el Estado y la política.
En cuanto a la corrupción, es claro que las regiones beneficiadas por el canon y los municipios con mayor presupuesto hacen atractivo  el ingreso a la política de quien solo busca medrar la caja fiscal. De nuevo la debilidad institucional y política les facilita el ingreso.
Cómo atajar la ola de corrupción y la arremetida del crimen organizado. Desde luego, la gestión política debe hacerse en dos tiempos: en el corto y largo plazo. En este último, el fortalecimiento del sistema político requiere cambios estructurales que exigirá consensos. Pero en el plazo inmediato se puede tomar medidas eficientes.
La propuesta seria:
PRIMERO: aprobar una sanción efectiva para todo aquel que no presente las cuentas de su campaña electoral. La sanción podría ser que el candidato no propicie por 10 años en ningún proceso electoral. En la actualidad existe una norma que obliga a presentar esta información, pero su incumplimiento no tiene sanción.
SEGUNDO: que los candidatos tengan la obligación de presentar información de su patrimonio (ingresos, bienes y rentas). En la  actualidad esto es solo voluntario.
TERCERO: que a quienes hayan cometido delito contra la administración pública se les prohíba candidatear. En la actualidad existen casos similares que no se an tachado de inconstitucionales: quien ha cometido delito doloso no puede ser juez, secretario de juzgado o notario; igualmente, nadie que haya sido declarado en quiebra puede ser director de un banco.
En suma es urgente tomar medidas, si no queremos que la política sea el nuevo espacio ganado por el crimen.

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