lunes, 1 de diciembre de 2014

UN PAIS LASTRADO POR LA INFORMALIDAD




Así como se ha introducido una reforma laboral en el servicio civil que apunta hacia la meritocracia y la mejora del servicio civil, es necesaria una reforma laboral privada en el país. La clave de la reforma laboral debe buscar la protección social en un país donde reina la informalidad. Es decir, que se brinde seguridad social a los trabajadores y sus familias. En ese sentido, el carné del seguro debería ser más importante que el DNI.
De acuerdo a un reciente informe del Ministerio de Trabajo sobre formalización laboral, de los 15.8 millones de la PEA ocupada, hay 70% de trabajadores que laboran en segmentos donde la informalidad es la regla.
El sector informal, siguiendo el estudio del Ministerio de Trabajo, comprende a 11 millones de trabajadores.
La microempresa aglutina 3.5 millones de trabajadores informales, los independientes no calificados 5.2 y el trabajo familiar no remunerado representa 2.3 millones de trabajadores. Estos trabajadores perciben bajos ingresos, no acceden ala formalidad y especialmente tienen escasa cobertura en seguridad social: el 67% de los trabajadores no tienen aportes a un régimen previsional mientras que el 38% no tienen cobertura en salud (31.5% está dentro del sistema Integrado de Salud, SIS). En rigor, solo el 28% de los trabajadores tiene un aseguramiento contributivo (EsSalud y EPSs).
La regulación laboral en los últimos años se concentra en las empresas formales, donde se encuentran 3.1 millones de trabajadores que laboran en pequeñas, medianas y grandes empresas, y, de manera más rígida, en la gran empresa que abarca 1.5 millones de trabajadores (el 9.3% de la PEA ocupada y que representa menos del 5% de la población peruana).
Existen cuatro grupos de trabajadores en la informalidad y las soluciones son diferentes para cada uno de ellos: PRIMERO tenemos a los trabajadores asalariados independientes (honorarios profesionales) donde se debe repensar una reforma que genere protección social con aportes del Estado y los trabajadores.
En SEGUNDO lugar tenemos a los asalariados que laboran para una micro y pequeña empresa donde la solución no es laboral (ya tienen derechos reducidos) sino administrativa, tributaria, financiera y económica.
TERCERO están los autónomos, emprendedores y con negocios propios donde es necesaria una regulación que les brinde protección social.
Y FINALMENTE ESTÁN los asalariados de la mediana y gran empresa, donde se debe trabajar en la flexibilización de la rigidez laboral – que son las reglas para contratar, rotar y despedir trabajadores con reparación indemnizatoria - . De este último grupo, creemos que la alternativa no debe ser bajar costos laborales sino modificar las normas que limitan o impiden la gestión empresarial.
La atención del Estado debe concentrarse en el 70% de la PEA. Es necesario trasladar la regulación (normas, inversión de tiempo de funcionarios, políticas, etc) hacia los trabajadores desprotegidos del país así como flexibilizar la rigidez laboral aplicable al 10% de la PEA  (que nos lleva al puesto 14 de mayor rigidez en el mundo en contratación y despido según el WEF.

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